Granjas de cerdos: ¿es posible un desarrollo productivo que proteja el ambiente?

El proyecto de instalación de granjas de producción de carne porcina abrió el debate sobre el modelo de país que deseamos construir: ¿se puede conjugar el desarrollo productivo con el sostenible? Claves para pensar un modelo que reconcilie la justicia social con la justicia ambiental.

Por Santiago Fernández Galeano* y  Mariangeles Vescovi**

Si intentáramos resumir los ejes principales del debate sobre el proyecto de inversión china para la instalación de granjas tecnificadas de producción cárnica porcina podríamos enumerarlos más o menos así: la necesidad de aumento de las exportaciones, el problema estructural de la restricción externa, la matriz productiva, la soberanía alimentaria, las capacidades estatales, el aporte del sistema científico-tecnológico, el rol del empresariado autóctono, el monitoreo de la sociedad civil, el desarrollo del mercado interno, la reactivación de las economías regionales, la urgencia sobre la generación de empleo genuino, los riesgos ambientales, la propiedad de la tierra, los residuos y el neocolonialismo cultural. De todo.

La controversia es estimulante. Discutimos la planificación del modelo de país que deseamos construir y en el que queremos vivir. Bienvenida la polémica. El debate es caótico, desordenado, apasionante y tiene un condimento extra: todos los actores nos autopercibimos como quienes queremos lo mejor para el conjunto.

Este es el escenario: una crisis económica producto de cuatro años de neoliberalismo a ultranza y de una pandemia que dio margen para acomodar los patitos y ponerlos en fila. Es un contexto excepcional que permite romper con los lugares comunes y poner en cuestión los axiomas de “verdad absoluta” que impone el modelo agroindustrial dominante, impulsado por las grandes corporaciones y poderes globales. Tenemos la férrea convicción de que podemos y debemos construir otro modelo productivo que garantice el derecho humano a un ambiente sano. Sería perjudicial para la etapa que emerge abordar este tema con liviandad o falsas dicotomías.

Los sectores nacionales y populares que bregamos por la necesidad de construir un nuevo acerdo social verde o un desarrollo sostenible batallamos para reconciliar lo que desde nuestro punto de vista no debería estar enfrentado: la justicia social con la justicia ambiental. O dicho de otra forma, la mirada productivista con inclusión social con la mirada ambiental popular.

Como dijo Jack, vayamos por partes:

Algunas ventajas

Uno de los puntos favorables es la inversión de capitales -que según la fuente que se consulte, se calcula inicialmente entre unos 2.700 y 3.500 millones de dólares – y la entrada de divisas que va a generar la exportación de la producción a China. Estas inversiones también suponen generación de empleos. Se calcula que podrían ser 9.000 puestos de trabajo .

Es central que levantemos las banderas del mejor peronismo en relación a esta temática, retomemos la carta de Perón con su Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, reivindiquemos la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el gobierno del ‘73 y exijamos que se garantice trabajo genuino con todos los derechos laborales que nuestro movimiento obrero ha defendido a lo largo de su historia. Sabemos que los sectores agrarios son de los más empobrecidos dentro del mapa laboral argentino y por eso no podemos dejar de plantearlo como base fundamental a la hora de encarar estos temas.

Otra de las grandes promesas que embelesa al sector que promueve el acuerdo es la reactivación de las economías regionales. La Cancillería Argentina plantea que una de las condiciones es que las fábricas se instalen en la zona NOA y NEA de nuestro país.

No podemos desmerecer los argumentos relacionados con la geopolítica. El debate se da en medio de una feroz guerra comercial entre China y Estados Unidos, donde la mayoría de los países latinoamericanos son nuevamente el patio trasero del gigante del norte. La contienda se asocia al problema de la caída de la producción de carne porcina en China en los últimos 2 años, producto de un brote de la Peste Porcina Africana (PPA). Creemos que se puede elevar la vara en las condiciones ambientales, ya que China necesita imperiosamente proyectar la producción que no puede satisfacer en su territorio y Argentina es uno de los escasos países del continente que podría estar dispuesto a la asociación comercial y que a su vez reúne las condiciones para desarrollar el proyecto.

Otro argumento interesante es que actualmente la producción agrícola de maíz y soja no tiene ningún valor agregado y se vende muchas veces sin controles. La instalación de estas fábricas no sólo podría aportar al fortalecimiento de la producción nacional, sino también a robustecer el mercado interno. Actualmente Argentina importa carne porcina de Brasil y Dinamarca.

Dinamarca: 43.094 km² y 180 millones de cerdas. España: 505.990 km² y 50 millones de cerdas. Alemania: 357.022 km² y 60 millones de cerdas. Argentina: 2.78 millones km² y 6 millones de cerdas.

Algunas complejidades

En este contexto de pandemia, el foco central del riesgo epidemiológico se encuentra sobre la producción industrial animal: las granjas porcinas crían de manera hacinada y son un reservorio difícilmente controlable de poblaciones microbianas. La propuesta del tratado comercial supone la intensificación de la actividad, lo cual genera un alto riesgo para la salud humana, animal y el ambiente en general.

El recurso hídrico es uno de los insumos básicos tanto de los agroecosistemas como de los tejidos urbanos. La escasez del agua aumenta a medida que crece el consumo y otras actividades que insumen su utilización. El manejo de efluentes es la principal causa de contaminación, que deriva en la transmisión de enfermedades. Cuanto más contaminamos más nos enfermamos. Una granja de tamaño medio (entre 400 y 600 madres) puede llegar a producir 75.000 litros de efluentes diarios . El desarrollo de las granjas, además, genera una mayor demanda de agua. Dependiendo de la zona donde estén instaladas, profundizarán los efectos del estrés hídrico ya existente.

No debemos dejar de mencionar un punto clave en este debate: la Soberanía Alimentaria: “el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades” (Foro de ONG/OSC, 2002).

Bajo este concepto se abren diferentes cuestiones, ¿el proyecto no debería ser totalmente nacional? La posibilidad de involucrar la participación de capitales externos, ¿qué implica para nuestra comunidad? ¿Cómo se tomarán las decisiones? ¿Cuán invasivas pueden resultar estas actividades? ¿Cuál será la alimentación de los chanchos? Este proyecto de inversión, ¿promoverá una mayor solarización del suelo argentino? Para alimentar a una potencia estamos corriendo riesgos sanitarios y consumiendo bienes naturales comunes. ¿Cuánto queda para nuestro pueblo? El acuerdo debe contemplar y favorecer a la población.

Algunos desafíos

Más allá de estas posiciones, si finalmente las granjas se instalan en el país se deben fortalecer las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado para constituir mecanismos que garanticen el monitoreo y control. En el contexto pandémico en el que se discute el rol del Estado, surge la necesidad de fortalecer las capacidades estatales : no sólo las actuaciones de SENASA, INTA, INTI; sino también el entramado del sistema científico/tecnológico con el CONICET y las universidades nacionales.

Muchas de las zonas agrarias del país están encasilladas en el monocultivo, lo que significa una constante irrigación de agrotóxicos. Una de las condiciones que se le puede exigir a los capitales chinos y argentinos que estén al frente de las granjas es que el alimento de los porcinos no involucre agrotóxicos y aliente la diversificación agrícola. Es decir, una estructura de cultivos complementarios y diferentes prácticas que amplíen la matriz agroproductiva y que permitan que el ambiente se regenere en el ciclo constante de aporte y absorción de nutrientes. La política cíclica evita problemas como la salinización, las enfermedades y plagas, entre tantos otros.

El tratado puede implicar que la matriz se amplíe, no sólo por la especie a la que nos estamos dedicando sino por todo el contexto que la rodea. De esta forma se podrían generar nuevas cadenas de comercialización.

La intensificación de la producción exige compromiso. De lo contrario el costo será muy alto. Es necesario que estos proyectos, que implican riesgos, demandan insumos y generan residuos, estén insertos en un plan global que tenga en cuenta las contingencias, desde el inicio y hasta el final, con participación ciudadana en cada etapa.
Pensar en la instalación de tecnología de innovación para el tratamiento de los efluentes y los residuos, como la que permite la producción de biogas a raíz del excremento animal, puede ayudar a darle sostenibilidad a la propuesta. El mejor camino es elevar los estándares ambientales y generar un efecto contagio para las condiciones de producción nacional ya existentes.

Argentina ha sido escenario de políticas públicas que fueron en detrimento de la población, por lo tanto es normal la desconfianza. Estar alerta y denunciar es importante cuando están en juego no solo los bienes naturales comunes sino nuestra salud y la de las generaciones futuras. Pero el desafío es romper con el neocolonialismo que nos dice una y otra vez que no podemos, que no nos da. Debemos salir de esa posición de inferioridad para crear un presente de transición ecológica y el devenir que nos merecemos.

 

* Santiago Fernández Galeano es docente en la UBA y coordinador del Área Ambiental de la Fundación Germán Abdala.

** Mariangeles Vescovi es Ingeniera Ambiental, magister en Energías Renovables e integrante de Área Ambiental de la Fundación Germán Abdala.

Foto: Freepik – www.freepik.es