Quemas ilegales en el Delta: políticas de Estado y coyuntura

Los pueblos han usado desde siempre el fuego para vivir en los pastizales. Esta práctica se utiliza también para el manejo de la biodiversidad de los ecosistemas en general; situación que ocurre particularmente en el Delta del Paraná. En este contexto actual, las quemas de los campos son una práctica común de los ganaderos de las islas, pero encarna una confrontación latente entre la sanidad urbana y la visión ecologista.

En este artículo nos ocuparemos de dar nuestra perspectiva sobre la compleja situación en este año 2020 en el que, a la suma de la crisis económica aguda -heredada de la gestión Cambiemos- y la pandemia de COVID-19, se le agregan las quemas ilegales en el Delta.

Un poco de historia

Para poder comprender la historia actual, necesitamos remontarnos un tiempo atrás. En el reparto internacional del trabajo, el mundo capitalista condena a los suelos fértiles a ser exprimidos hasta la última gota para generar mercancías en abundancia. En los últimos 25 años, Argentina transformó la forma de generar materias primas, cambiando así su matriz productiva: pasó de ser un país productor de alimentos de calidad a ser un productor de mercancías (commodities). A nosotros, por tener la extensa y fértil pampa de suelos negros y ricos en nutrientes, nos toca producir forraje (para los animales confinados en Europa y Asia) y biocombustibles (para rebajar el gasoil).

“En 1989, Menem ganó la interna del peronismo contra Cafiero. Para entonces no tenía un plan de gobierno. Fue un arriesgado salto a la pileta lo que lo ubicó en el sillón de Rivadavia y, carente de ideas para llevar un mandato adelante, fueron los hermanos Born quienes entonces le propusieron un plan integral de manejo del Estado, bienaventurados por la nueva ola globalizadora que terminaba de sepultar a la Unión Soviética”. (Maximiliano Leo Xul, 2020).

Para el comienzo de la segunda presidencia de Carlos Menem -con la llegada de los productos transgénicos-, se termina de consolidar el modelo agroexportador: estas nuevas semillas dejaron de ser el producto de la selección campesina, para ser seres creados en laboratorios de ingeniería biogenética. Este nuevo producto de laboratorio contiene una alteración en su ADN que permite que un agroveneno (el glifosato) mate toda maleza que lo amenace, debido a su constitución débil que no soportan un proceso de selección natural. Con la llegada de este novedoso paquete tecnológico, la matriz transgénica terminó de aniquilar al viejo útero que garantizaba la producción de alimentos sanos de calidad.

Las consecuencias nefastas de este nuevo modelo agrícola rápidamente se vieron a lo largo y ancho de los suelos fértiles de Argentina: acá, la pampa se monocultivó por completo principalmente con soja y maíz transgénico. Más allá, el espinal de algarrobos fue arrasado rápidamente. Y en pocos años el paisaje chaqueño sufrió un desmonte peor que el generado en el siglo de La Forestal. Las lagunas pampeanas se contaminaron con “agrovenenos”, las napas de agua con nitritos, los campos se llenaron de taperas, cerraron gran parte de las escuelas rurales y los cinturones villeros se multiplicaron y agigantaron en las afueras de las ciudades más grandes. Las fronteras agropecuarias terminaron de desintegrar el pastizal pampeano y el espinal. La ganadería se corrió hacia las cañadas de los arroyos pampeanos, los espinales inundables del domo oriental y, en especial, los humedales del Paraná.

De las quemas de 2008 a la actualidad

Ahora bien, volvamos a la actualidad y a la historia reciente: el 82% de la superficie del Delta es jurisdicción de Entre Ríos, por eso importa detenernos en los procesos en esta provincia. Recordemos, por ejemplo, las quemas del 2008 y su impacto, ya no sólo en la zona del Delta sino en el mismo AMBA. ¿Qué factor común encontramos con los que ocurre en el 2020? ¿Hay algún fenómeno ecológico o climático que distingue a estos dos años del resto del período de 12 años que los separa? ¿Cuánto factor político hay en las causas de las quemas? Claro, para ambos niveles de análisis hay evidentes consecuencias ambientales y políticas.

Veamos primero las causas. Tanto en 2008 como en el 2020, encontramos condiciones ecológicas y climáticas especialmente propicias para la propagación del fuego: en 2008 hubo una sequía excepcional; en el 2020 -además de algo de sequía-, se dio una gran bajante del río Paraná que asola desde el verano y persiste hasta estos días. En esta larga bajante, los pastizales crecieron donde normalmente hay agua. Además, el combustible vegetal es muy abundante porque el rodeo ganadero disminuyó mucho en las islas del delta. Esta disminución en el número del ganado en las islas se debe a que los productores medios y chicos no pudieron reponer el ganado liquidado ante la tremenda pérdida del poder adquisitivo en los últimos 2 años. Esta es una gran diferencia con el 2008 cuando el desplazamiento de la ganadería pampeana, hacia las áreas marginales como las islas, llevó a una altísima concentración de ganado. En ese año el rodeo en el delta alcanzó cerca de millón de cabezas, cuando en 2020 sólo quedaría sólo un 10% de esa cifra. Menos ganado, más vegetación combustible y más riesgo de incendios.

Como consecuencias de las quemas del 2008, surgen intentos de políticas de Estado entre los gobiernos de las tres provincias involucradas y la Nación. El PIECAS, un plan integral para todo el delta, surge como un acuerdo de esos cuatro Estados (Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires). No era fácil su avance, pero entre 2011 y 2014 se plasmaron documentos de relevancia. Luego, entre 2016 al 2020 se perdió toda continuidad.

Luego del 2008, el Gobierno de Entre Ríos con apoyo de la Nación, lanza una serie de acciones de remediación. Una de ellas fue la Ley provincial del Fuego (Nº 9868) y se organizó el Plan Provincial de Manejo del Fuego con asignación de personal y especialización de un sector de la policía. Esta norma obliga a los terratenientes a tramitar autorizaciones para realizar quemas. Para ello se instrumentaron vuelos de aviones hidrantes y de inspección, junto con el Plan de Manejo del Fuego de la Nación, así como severas multas a los propietarios. Hubo resultados superadores, pero en los últimos años, esas operatorias declinaron y se dejaron de solicitar las autorizaciones para realizar las quemas.

Se puede ver con claridad que el Estado Nacional se retrajo en los últimos 4 años en la gestión del Delta, lo que produjo un desmembramiento de la articulación entre las administraciones provinciales al punto que se dejaron de hacer controles básicos. Esto no sólo ha tenido consecuencias en el tema de las quemas, sino en el avance de los grandes emprendimientos capitalistas con proyectos de “pampeanización”. En todos estos casos se requiere de grandes inversiones y los únicos que juegan son los grandes inversionistas.

Este proceso es especialmente fuerte en el Delta Bonaerense, y se observa discrecionalidad y desplazamiento de pobladores. Así lo expresa el grupo de investigación de Patricia Kandús, Natalia Morandeira y Priscilla Minotti, de la Universidad Nacional de San Martín: “El problema entonces no es la ganadería en sí misma (no es el uso del fuego en sí mismo el factor a combatir), sino el modo en que se desarrollan las actividades y la forma discrecional en que puede utilizarse este disturbio como herramienta de manejo, particularmente sin poner en consideración al resto de los actores involucrados de la sociedad, con la sola percepción del interés de mercado y sin atención del ambiente”.

Así las cosas, las causales ecológicas y el manejo ganadero, con su práctica de quemar para la mejora forrajera, explicarían casi completamente la situación. Sin embargo, hay un aspecto que pueden justificar una pregunta: Si en los doce años entre 2008 y 2020 hubo sequías de fin de invierno y primavera como en el período 2011/12 y 2017/18, pero las quemas en las islas no trajeron mayores problemas… ¿Será que existen otros factores además del ecológico y agropecuario?

En relación a las causas políticas, podríamos encontrar cierta similitud entre el 2008 y 2020, en el azuce a la conflictividad con el sector que se autoproclama “el Campo”. Se habló mucho en 2008 de la incidencia de la confrontación del Gobierno Nacional con la Mesa de Enlace. Sin embargo, aunque muchos califican a las quemas como “intencionales”, aludiendo a otros móviles que no responden a los productores, por el momento no hay claridad en este escenario.

Discusiones de fondo

¿Cuáles son las salidas a estos problemas que abarcan a uno de los ambientes más ricos en biodiversidad de Argentina? Al calor del fuego se mezclan las discusiones de coyuntura con las de fondo. Así, en Entre Ríos el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes es la voz cantante y, esta última semana es quien ha presentado un proyecto de ley, a través del Senado entrerriano, sobre la protección de las islas a modo de salvavidas. Esto irrita mucho a las organizaciones ambientalistas porque es más un planteo de pantalla, o “venta de humo” como suele decirse, que una propuesta seria. Además, este mismo funcionario, fue el autor de la Ley provincial Nº 10.092, también conocida como Ley Rodríguez Signes, que fue derogada a sólo dos meses de ser sancionada por la resistencia generalizada en tanto lanzaba la privatización de las 111.000 hectáreas que todavía son fiscales en Entre Ríos.

El hilo parece cortarse por lo más delgado y han comenzado a imputar a los ganaderos, aunque en el tono del Fiscal de Estado de Entre Ríos, parece que hay contemplación dadas las condiciones ecológicas propicias a la propagación del fuego. Al respecto, tanto funcionarios como brigadistas no ven que se pueda hacer mucho para parar los incendios, que si bien comenzaron como quemas (de ninguna manera naturales) ya están a la buena de Dios y las responsabilidades vuelven a diluirse.

En el fondo de la cuestión se combina el bajo e incierto cumplimiento de las normativas vigentes, la intermitente intervención y planificación de las instancias estatales, la falta de reglamentación de las leyes y su consiguiente falta de instrumentación. En la búsqueda de retomar una iniciativa política efectiva, las organizaciones ambientalistas proponen que se sancione la Ley de Humedales, la que tiene 5 proyectos alternativos, la mayoría presentado en este 2020. Una de las maneras de encarar la cuestión viene siendo la creación áreas protegidas.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, viene intentando hacer pie con alguna de sus propuestas y ha gestionado la asignación de recursos para afrontar el incendio y una salida con un horizonte de mediano y largo plazo. Los planteos del Ministerio de Ambiente de la Nación apuntan a un desarrollo de la compatibilización de la producción diversificada, o uso múltiple, con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Una de las iniciativas que desarrolló la Administración de Parques Nacionales, a pedido del Ministro Cabandié, son “los faros de conservación” que apuntan a la radiación de las acciones que se han recomendado en el PIECAS y otros planes desarrollados para el delta. En todo caso, las demandas de participación de la ciudadanía a través de las movilizaciones y presentaciones, señalan un cómo volver a retomar la cuestión de fondo: es hora de que los productores, las organizaciones ambientales y las instancias estatales vuelvan a encontrarse en acuerdos efectivos e instrumentables.

Hoy el clima cambió: parece que la década húmeda terminó y volvemos a un período seco. Hay que preparar los humedales, porque parece decidido que esos serán los territorios para la ganadería. Se decidió hace mucho. El nuevo útero de la Argentina empezó a parir ese modelo en la década del ‘90.

Área Ambiental – Fundación Germán Abdala


Fotos: Administración Nacional de Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente de la Nación y Ministerio de Defensa de la Nación