Municipales: los salarios estatales más bajos del país

Municipales: los salarios estatales más bajos del país

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La agenda pública de la post-pandemia deja múltiples temas instalados. Algunos serán instalados y debatidos a fuerza de las presiones del mercado y de los sectores de poder. Otros requieren del esfuerzo de la sociedad y la política para convertirse en parte de la agenda con el valor necesario para ser tratados y, eventualmente, transformados.

La pandemia evidenció la necesidad del Estado como una herramienta central para nuestras sociedades en momentos de dificultades profundas, instaló frágilmente una idea del Estado vinculado a lo común, a lo que es de todos y para todos y confirmó las profundas limitaciones del aparato estatal en sus diferentes niveles. A la par, hubo un importante reconocimiento del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras.

La comprensión del valor del empleo estatal queda subsumida a la imagen de “la enfermera”, pero es nuestra obligación ampliar este enfoque señalando la multiplicidad de tareas que trabajadores y trabajadoras del Estado realizan todos los días: administrativos y administrativas, choferes, auxiliares de educación, trabajadores y trabajadoras de áreas sociales, mantenimiento, corralones municipales, cementerios, seguridad, en la vía pública, en las fronteras, entre otros muchos ámbitos, que estuvieron junto a los trabajadores y trabajadoras de las áreas de salud.

En este trabajo nos proponemos abordar y promover una reflexión sobre el que tal vez sea el sector público más desfavorecido: el empleo municipal.

No hay Estado sin trabajadores y trabajadoras que hagan efectivas las políticas públicas. El empleo municipal es aquel que con mayor dispersión territorial y con mayor precariedad garantiza la acción de los Estados más cercanos a la población. Por eso creemos que las y los municipales son claves en el fortalecimiento de capacidades estatales.

El empleo municipal debe ser jerarquizado, se debe mejorar su situación laboral y su capacitación, para convertirlo en un lugar de trabajo deseado y con reconocimiento social. Estamos convencidos de que esta no puede ser tarea exclusiva de sindicatos e Intendentes.

Así como las dificultades en el empleo docente provincial encontraron parte de la solución en el Estado nacional, consideramos que hay que explorar caminos similares para el empleo municipal de nuestro país.

El empleo municipal tiene una magnitud relevante a nivel nacional. Más de medio millón de personas mantiene alguna relación de empleo con municipios. Representa aproximadamente un 16% del total del empleo público.

Mientras que casi la mitad del empleo municipal se concentra en la provincia de Buenos Aires, en algunas provincias como Chubut y Tierra del Fuego tiene importancia sistémica. Muchas jurisdicciones no presentan registros de relaciones de empleo municipal, en especial en los municipios de menor tamaño o con regímenes previsionales diferentes al SIPA.

El nivel de remuneración es, en términos generales, bajo. En base a la información relevada, se advierte que el 25% de los trabajadores y las trabajadoras municipales percibía en marzo de 2021 un sueldo bruto menor o igual a $29.277, mientras que el 50% percibía uno menor a $44.025.

Resulta aún más alarmante que un 12% de los y las municipales perciba ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil. En ciertas circunstancias, el salario municipal puede incluso resultar inferior a una combinación de los ingresos de las personas beneficiarias de programas sociales, más allá de que esta comparación no es aplicable en todos los casos, debido a las diferentes composiciones de los grupos familiares.

Con este cuadro inicial, las perspectivas de aceleración inflacionaria para el año 2021 añaden complejidad a un contexto caracterizado por bajos salarios relativos. Variaciones salariales promedio menores al 47% perderían la carrera contra la inflación, lo cual resultaría especialmente grave para el tramo de menores salarios.

Por este motivo, merecen atención iniciativas que se orienten a garantizar un piso de ingresos para municipales igual al salario mínimo. Si bien la situación fiscal de los municipios es ajustada, con ingresos de fuente propia que ni siquiera alcanzan a cubrir el gasto en salarios, medidas de esta índole podrían evaluarse a nivel nacional. Bajo una estimación preliminar, su costo rondaría los $5.000 millones anuales.

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