Por un Estado antiracista

 

El mundo se sacude frente a la violencia mediatizada. La principal potencia pone en la escena mundial, con todos sus recursos tecnológicos y simbólicos, su propia convulsión violenta, su cicatriz constitutiva: el supremacismo racial. Al mismo tiempo en nuestro país en los últimos días fuimos espectadores de varias situaciones de violencia institucional, así se llama hoy desde algunos sectores a la violencia policial o la represión de las distintas fuerzas de seguridad, pero la violencia institucional sobre los sectores populares y los pueblos originarios la podemos identificar en casi todos los ámbitos donde el estado aparece en sus vidas.

Cuando hablamos de “violencia institucional” nos referimos a prácticas estructurales de violación de derechos, desarrolladas (por acción u omisión) por funcionarixs pertenecientes al estado. En la medida en que estas prácticas son ejercidas desde instituciones públicas, por medio de sus funcionarixs y/o efectores, tienen como consecuencia la vulneración y violación de derechos de las personas y la responsabilidad internacional del Estado.

La hegemonía cultural blanca/occidental bajada de los barcos en nuestro país, sobre la cual se construyó el Estado Nacional, invisibiliza la diversidad y los distintos modos de vida existentes. Podemos decir que la violencia institucional sobre los pueblos originarios lleva algo más de 200 años por estas tierras. Nos educamos en aulas donde el Estado reproduce esa violencia institucional desconociendo la existencia de los 38 pueblos originarios existentes en nuestro país, su historia, sus derechos, sus creencias y sus modos de vida actuales.

Violencia institucional es no garantizar las condiciones de vida en sus territorios, habilitando que los distintos actores territoriales avancen sobre sus tierras, basta ver los distintos mapas a lo largo de la historia para ver cómo fueron arrinconados a las tierras menos aptas de nuestro país, muchas veces en campañas realizadas directamente por el Estado, en otras más actuales por terratenientes que cuentan con el apoyo de distintos poderes estatales.

Los PPOO sufren violencia por parte del Estado en hospitales, organismos públicos y en cada instancia donde el estado se hace presente. Las fuerzas represivas comenzaron a recibir capacitación en materia de DDHH hace muy poco tiempo. Hoy, que en todo el mundo se habla de racismo, lxs estatales tenemos la obligación de repensar nuestras prácticas, de tomar conciencia que en nuestro cotidiano reproducimos y formamos parte de un Estado que tiene desde su conformación una perspectiva racializada y mientras esperamos que desde nuestra clase política decidan construir un Estado realmente para todxs, es nuestra responsabilidad poner en crisis este escenario tan injusto que año tras año deja muertos en nuestro territorio.

Cuando decimos «Fortalecer el Estado Para Liberar la Nación», nos referimos también a todas éstas cuestiones, no solo en pensarnos como trabajadores/as que garantizamos derechos, sino también cómo aquellos/as capaces en pensar en un proyecto político, democrático e igualitario que fortalezca el Estado y su función de cuidado y justicia social, pero también capaces de construir organización para incidir en ello. Existe una deuda histórica con los pueblos originarios y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Para comenzar un camino de reparación histórica es necesario empezar a discutir y a diseñar políticas que no sólo respeten y hagan efectivos sus derechos, sino que los incorpore como protagonistas principales del proceso.

Hoy, atravesados por un contexto de pandemia, podemos observar cómo distintas organizaciones comunitarias y barriales se organizan, a través de merenderos, comedores, etc; también vemos un Estado presente, concreto y real como diría Alberto Fernández, un Estado que nos cuida y nos protege, pero en medio de ésta emergencia sanitaria surgen con más visibilidad las desigualdades, sumado a ello la violencia institucional que, estamos convencidos, nada tiene que ver con el proyecto político mencionado anteriormente. Claramente hay estructuras que deben ser transformadas, otras que deben ser fortalecidas, para empezar a reconstruir ese Estado de Bienestar, para vivir en una sociedad más justa, libre y soberana. Hoy la tarea es pensar en esa construcción, o reconstrucción, como acto de justicia y devolverle a la política un sentido de necesidad y urgencia.