Teoría de los dos demonios recargada

Teoría de los dos demonios recargada

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Por Observatorio de Derechos Humano – FGA

La semana pasada la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi, ordenaron reabrir la investigación por un hecho que habría sido perpetrado por la organización Montoneros, en el que explotó una bomba en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal en julio del año 1976. Este fallo anula lo ya resuelto por la jueza María Servini que había declarado la prescripción de la causa.
Recordemos que Bruglia y Bertuzzi son los jueces que habían sido nombrados por Mauricio Macri por un mecanismo de traslado, sin rendir examen ni obtener acuerdo del Senado, lo que resulta una clara violación de la Constitución Nacional y que, a pesar del fallo de la Corte que determinó que debían ser reemplazados, siguen ocupando los sillones de Comodoro Py por las demoras en la designaciones de jueces del Consejo de la Magistratura.

En una resolución de apenas cuatro carillas, los cuestionados jueces sostienen la falta de argumentación de la resolución de Servini (quien sostuvo que los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal están prescriptos, decisión que está firme), y afirman que se omitió considerar los hechos como crímenes de lesa humanidad, o crímenes de guerra, o de un caso de grave violación a los derechos humanos, puesto que no se investigó si la organización Montoneros contaba con apoyo de Estados extranjeros. El fallo elude señalar que la organización Montoneros podría haber sido investigada en ese momento (en julio de 1976), cosa que no ocurrió porque el aparato represivo del Estado optó por la clandestinidad de los secuestros, torturas y asesinatos de 30 mil compañeras y compañeros.

Entre quienes solicitaron la reapertura de la investigación, se encuentran el Foro de Generales Retirados, el Círculo Militar, el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones, que reúnen a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (asociación que integra la defensora del genocidio, Cecilia Pando), la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac) y la Corporación de Abogados Católicos, entre otras entidades.

Este fallo intenta reinstalar la tan conocida “teoría de los dos demonios”. El rechazo de esta teoría es total, como sostenía Eduardo Duhalde, “ya que no hay simetría posible entre el abandono de sus deberes éticos, humanitarios y jurídicos y la adopción de una política terrorista de exterminio masivo por parte del Estado; con el comportamiento de ningún grupo particular, por violento y numeroso que éste sea”. No se puede equiparar el comportamiento de algún grupo o sector de la sociedad, con la criminalidad genocida del Estado.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son los Estados los que tienen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y, como tales, sólo el Estado es quien puede violar los derechos protegidos. Los particulares en el ejercicio de la fuerza, lo que violan es el Código Penal y las leyes del derecho interno.
La resolución adoptada por Bruglia, Bertuzzi y Llorens no resulta inocente. En un contexto donde se derechiza el discurso político, con legisladores que reivindican los secuestros, la desaparición de personas y el asesinato cometido desde el aparato clandestino de exterminio que operó en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar,, este fallo resulta una decisión a medida para estos sectores.

La decisión judicial también va en sintonía con las numerosas editoriales de La Nación, en las que se sostiene que en los juicios por crímenes de lesa humanidad no se respetan las garantías constitucionales, que se trata de juicios de venganza contra “pobres viejitos”. En la editorial del pasado 6 de junio, La Nación afirma que en los juicios “Se siguen sucediendo graves discriminaciones en el juzgamiento y el tratamiento de los acusados por delitos de lesa humanidad”. Un discurso mentiroso y peligroso, que lo que en realidad intenta es dar por finalizado una de las mayores conquistas de nuestra democracia, que es la lucha contra la impunidad y el juicio y castigo a los responsables del Genocidio.

El juzgamiento por los propios tribunales de nuestro país de los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, resulta un ejemplo en el mundo.

La derecha se reinventa y pretende con este fallo reinstalar la “teoría de los dos demonios”; intentando equiparar las conductas de las organizaciones armadas de la época con los delitos cometidos desde el Estado Terrorista Argentino, instaurado el 24 de marzo de 1976.