Una pedagogía de la memoria contra el negacionismo relativista

Por Iván Wrobel y Joan Portos

Periódicamente aparecen en ciertos medios notas de “intelectuales” y editorialistas que cuestionan las tareas que llevamos adelante las y los trabajadores de Espacios para la Memoria. Lejos de intentar aportar a un debate sobre cómo fortalecer las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, estas notas solo intentan deslegitimar nuestras tareas a partir de una serie de argumentos repetidos e intencionalmente falaces.

El argumento más frecuente apunta a cuestionar la militancia de las víctimas del terrorismo de Estado, sobre todo la de aquellas que integraban organizaciones armadas. En general sin terminar de explicitarlo, se sugiere que el estatus de víctima no sería igual para quienes eligieron la vía armada que para quienes tenían otras militancias. Este postulado no solo se encuentra peligrosamente cerca de una justificación del terrorismo de Estado, sino que, además, desconoce las trayectorias militantes reales de las y los desparecidos y la conformación y estructura de las organizaciones políticas de la década del ‘70.

Irónicamente, otro argumento muy repetido plantea que los Espacios para la Memoria no realizan una evaluación crítica del proceso histórico ni brindan elementos para conocer el contexto en el que se realizó el golpe de Estado cívico militar. Al parecer, estos espacios sólo se limitarían a una denuncia abstracta del terrorismo de Estado y a la confección de listados con nombres de víctimas. Nuevamente, sin terminar de afirmarlo, estos autores parecen insinuar que, en ciertos contextos, ciertos crímenes podrían ser legítimos. Pero, además, sorprende el desconocimiento intencional de la enorme labor que llevamos adelante quienes trabajamos en las políticas de la memoria de todo el país. No sólo se investigan las historias de vida de las víctimas, sus militancias, los distintos contextos en los que ocurrieron los crímenes, sino que también se abordan una enorme cantidad de herramientas: bases de datos, muestras artísticas, visitas guiadas, talleres educativos, contenidos digitales y hasta publicaciones académicas. Estas son sólo una pequeña mención a la vasta producción que, por algún motivo, este pequeño grupo de autores se empeña en desconocer. Pero lo que se niega es más grave aún. Y es la clave que estos “intelectuales” no pueden asumir. Desde estos Espacios se aborda una pedagogía profundamente crítica, que piensa la relación entre las y los visitantes (la mayoría estudiantes secundarios) y quienes allí trabajamos como el momento y lugar de producción de la memoria. Una perspectiva dialógica como la nuestra jamás puede estar cristalizada, como estas livianas actuaciones suelen repetir.

La pedagogía de la memoria que se aborda, lejos de clausurar la Historia, la pone en constante debate desde las nuevas generaciones. Metodología que seguramente, estos afamados “intelectuales” no tendrían capacidad ni virtud para ejercer.

Este argumento alrededor de la clausura de la discusión no solo apunta a desconocer nuestro trabajo sino también los esfuerzos llevados adelante desde el año 2003 para que el Estado siguiera los pasos de la sociedad y condenara definitivamente los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Durante la década del ‘90 el proyecto del menemismo era el silencio y se materializaba en los indultos, la ausencia de juicios y los intentos de demolición de los ex Centros Clandestinos de Detención. En cambio, a partir de los 2000 la política propuesta por los organismos de Derechos Humanos y materializada por el kirchnerismo de reanudación de las causas judiciales, apertura de Espacios y Sitios de Memoria e inclusión de la materia en los programas educativos fue la punta de lanza para que socialmente volviéramos a debatir sobre el terrorismo de Estado.

Finalmente, asistimos a una etapa donde los sectores conservadores y neoliberales han optado por una nueva estrategia: el relativismo. Estas periódicas notas que pretenden cuestionar las políticas de la memoria no tienen en sus argumentos, la mayoría falaces cuando no débiles, su principal soporte. En cambio, el mismo se encuentra en la postulación de un negacionismo relativista. Ya sin poder fundamentar la negación de la violencia ilegal del Estado apelan a instalar el reino de la opinión: con la libertad de opinión en la mano izquierda y la supuesta aceptación de todas las opiniones en la boca, terminan borrando ciertas opiniones con la mano derecha. Porque si todas son válidas, ninguna lo es. Salvo, claro, la que sale en sus medios hegemónicos de comunicación de masas.

Lejos de recurrir a esquemas europeos que postulan la saturación o el abuso de la memoria, nuestro pueblo requiere el caminar conjunto de las memorias y las historias. Para seguir pensando, problematizando y accionando en torno a nuestra identidad y, sobre todo, a las diversas violencias ejercidas por los estados. En este contexto, entendemos que el desafío actual es el fortalecimiento de las políticas públicas de la memoria. Después de cuatro años de vaciamiento, despidos, ahogo presupuestario y ausencia de políticas claras por parte del Poder Ejecutivo, el cambio de gobierno nos planteó un nuevo escenario que necesitamos aprovechar.