Ventanilla Única: Un modelo de atención sin derechos

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La reducción de Ministerios anunciada recientemente genera temor acerca de las consecuencias que pude acarrear la ciudadanía, sobre todo, para quienes más dependen de la presencia del Estado. Si bien la reducción de Ministerios es impactante en tanto degrada el reconocimiento institucional de problemas sociales tan centrales como la Salud y el Trabajo, tenemos en claro que estas medidas ya empezaron antes, un ejemplo de la lógica con la que estas transformaciones institucionales impactan la podemos ver en el modelo de la ventanilla única.

El Decreto 339 de abril de 2018 implementa el “Modelo de Gestión Unificada – Ventanilla Única Social” que tiene por objetivo unificar la gestión de trámites de las distintas reparticiones nacionales que otorguen prestaciones de carácter social, bajo la coordinación de la ANSES. En efecto, tareas propias de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Registro Nacional de las Personas (RENAPER), PAMI y Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, comienzan a integrarse en dependencias de ANSES bajo esta nueva denominación. 

Desde nuestro sindicato venimos enfrentando con acciones gremiales este avance del gobierno en un modelo que, bajo el slogan de la “simplificación de la gestión”, encierra:

– Pérdida de derechos para la ciudadanía  
– Despidos y peores condiciones de trabajo en los sectores

La “ventanilla única”, se presenta bajo la promesa de que la “atención al cliente” ya no más el ciudadano, será menos burocratizada y demandará menos tiempo. Sin embargo es sólo una premisa mentirosa ya que conlleva serios problemas para la atención.

Sobre la pérdida de derechos para la ciudadanía

Para los organismos nacionales involucrados en la modalidad propuesta, las contrarreformas legales y las modificaciones administrativas en curso desde 2016 van en esa línea:

● En ANSES, se limitaron las moratorias previsionales, dejando fuera de la posibilidad de incluir períodos carentes de aportes e imponiendo un filtro de estatus “socioeconómico” excluyente. Con esto se pasa a un modelo de pensión mínima, la Pensión Universal al Adulto Mayor y lxs jubiladxs sufren una quita del orden del 12,7% de movilidad entre 2015 y 2018 mediante la reforma previsional de diciembre. 
● En Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se unificaron los programas sociales de empleo (Argentina trabaja, Ellas hacen, Barrios Bonaerenses) con un fuerte componente de asociativismoen el Programa Hacemos Futuro implementando una nueva encuesta social para como requisito de acceso con una perspectiva individual (beca de formación laboral). Por otro lado, se eliminaron los Centros de Atención Local (CAL) que han sido referencia territorial dando respuesta a las necesidades comunitarias.
● En PAMI, el recorte en las prestaciones tiene múltiples formas, que necesariamente se combinan:  baja de prestaciones (internación domiciliaria), criterios más restrictivos para el acceso (medicamentos sin cargo), limitación de cupos (alimentos de ProBienestar) y deterioro (falta de actualización de monto de subsidios). 
● Se desarmó la Comisión Nacional de Pensiones, dándose de baja programas, servicios y prestaciones, como las 70 mil pensiones asistenciales en 2017 y la paralización de las pensiones por invalidez. 
● El traslado de personal sin la necesaria adecuación implica tanto destrato hacia los trabajadores como pérdida del conocimiento y la experiencia acumulada en las dependencias que redunda en menor capacidad para la gestión

Sobre los despidos y peores condiciones de trabajo en los sectores

Ahora bien, la exclusión de derechos a la ciudadanía se traduce en una seria amenaza a los puestos de trabajo en el Estado ya que:

● Promueven la competencia entre trabajadores dentro e intraministerios y organismos, por la cual quienes no rindan ciertos “estándares” de productividad corren riesgo de perder su salario y su puesto de trabajo.
● Borran la especialización de tareas de cada organismo, su historia, el perfil y las necesidades de la población que cada uno atiende de acuerdo a las circunstancias sociales y la diversidad de derechos y prestaciones que brinda.
● Empeora las condiciones medioambientales en tanto concentra una gran cantidad de personas en un solo espacio.
● Profundiza la tercerización de servicios, como la atención telefónica que en ANSES está en un 70 por ciento en manos de empresas privadas.
● Fundamentalmente pone en riesgo nuestra estabilidad laboral, la de las compañeras y compañeros que siguen contratados por Resolución 48/2002 y artículo 93 de la LCT – contrato a plazo fijo.

Los estatales aprendimos que detrás de cada expediente, de cada gestión, de cada turno hay una familia, hay necesidades y hay derechos.

En cambio, este gobierno les da un tratamiento de meros trámites y estadísticas que se muestran en una planilla de excel. Si este modelo se profundiza, en línea con los mandatos del FMI de reducción del déficit fiscal vía recorte del gasto público, endeudamiento y distribución regresiva del ingreso, se va a cobrar en jubilaciones, salarios y puestos de trabajo.

La defensa de nuestras condiciones y puestos de trabajo de cada área del Estado está directamente ligada a la defensa de los derechos de nuestro pueblo.  Esta relación directa significa que la rebaja de nuestros derechos es menos bienestar para el Pueblo. 

No sobran trabajadores, faltan más políticas públicas.